¿ASALARIADOS O BONIFICADOS? UN ATAQUE DISIMULADO CONTRA LA CLASE TRABAJADORA

En los últimos meses, la que debió ser una política de emergencia, ha pasado a ser parte de las “medidas económicas” permanentes del gobierno para salir de la crisis, nos referimos a los bonos mensuales que desde diciembre se han venido “otorgando”.

Escrito por Leander Pérez.

En el presente artículo, daremos un repaso por los antecedentes de esta medida, estudiaremos sus implicaciones y abordaremos las consecuencias que tiene para el conjunto de la clase trabajadora.

Antecedentes

La política actual de bonificar la vida de los venezolanos hunde sus raíces en la bonificación del salario. Esta última, se entiende como la intención de hacer de los bonos (entre ellos el bono de alimentación o cestaticket) la parte mayoritaria del ingreso mensual de los trabajadores.

Como hemos venido denunciando, la bonificación del salario representa una política de austeridad hecha a la medida de las exigencias de la burguesía, ya que al no tener los bonos un carácter salarial, tampoco tienen incidencia en el cálculo de vacaciones, utilidades y prestaciones, lo que abarata (aún más) la mano de obra e incluso los despidos, ya que las liquidaciones también se calculan en base a al salario. Ya no se trata de una política de conciliación de clases, sino de una abiertamente patronal.

Al no poder hacer nada para frenar la crisis económica y por lo menos garantizar el acceso a los alimentos, el gobierno, en una clara muestra de incapacidad para elevar la producción, ha tenido que asumir parte del (mal) mantenimiento de la población a través de los subsidios directos mediante los llamados popularmente nicoBonos, es decir dinero “gratis” sin ningún respaldo.

La bonificación de la clase

La primera ola hiperinflacionaria que tocó costas venezolanas en diciembre, trajo consigo el primer bono, el bono de navidad. Desde entonces, hemos visto pasar el bono del niño Jesús, el de reyes, el de carnavales, el de los la juventud, el de la mujer, el de semana santa, el de las embarazadas y hogares de la patria y el de discapacitados. Ahora, según anuncios se acerca el bono de independencia, y si todo sigue igual, para mayo corresponderá el de los trabajadores y así sucesivamente.

Estos bonos no son sino el reconocimiento de la imposibilidad de vivir dignamente de un salario en Venezuela ya que no se trata de un bono de desempleo sino un bono para todo el mundo, empleado o no. Esto nos trae directamente a las preguntas ¿cuáles son los parámetros para la asignación de los bonos? ¿Qué institución se encarga de la asignación y como se ejerce la contraloría?

Hasta ahora, los bonos han sido otorgados a través del carnet de la patria (a excepción de bono del niño Jesús que se hizo por tickets), y según el gobierno, han sido asignados aleatoriamente a las personas que han manifestado su deseo de recibirlos escaneando su carnet.

Esto, que no dice mucho del algoritmo de asignación, si demuestra la injusticia en la que se incurre con cada entrega de bonos, ya que estos no van dirigidos a los que más lo necesitan como debiera ser, sino que, a falta de un sistema auditable, se deja en manos del azar.

Por otro lado, estos bonos más allá de cambiar de nombres y montos en cada entrega, tienen todos el mismo carácter, y, al establecer una relación entre el ente administrador (Estado) y los administrados, crea una relación que, al hacerse consuetudinaria, nos hace preguntarnos sobre las implicaciones legales, derechos y/u obligaciones que genera entre las partes. Por ejemplo, si una familia humilde que percibe el beneficio de hogares de la patria es luego excluida del sistema, ¿a dónde debe dirigir su reclamo? ¿Quién tiene la jurisdicción sobre el caso? ¿Los tribunales civiles, los administrativos o los laborales?, en cambio, si una embarazada tiene necesidad de su bono correspondiente pero aun habiendo escaneado su carnet el sistema no se lo otorga, ¿no es una medida discriminatoria? ¿A qué organismo debe acudir?

Estos temas dejan mucho que desear de la transparencia del sistema y dicen mucho de la situación que enfrentamos los venezolanos, ya que, si no hace falta discriminar entre los que necesitan y los que no, es porque la línea que separa a unos de otros es muy nítida, por un lado, y que las cantidades que se otorgan son miserables por otro.

Desvalorización de la fuerza de trabajo

La principal consecuencia de la aplicación de estas políticas ha sido la desvalorización de la fuerza de trabajo. Si comparamos, el salario de cualquier obrero está por debajo de cualquiera de estos bonos (mensuales) por lo que, de entrada, el trabajo regulado por la ley vale menos que depender pasivamente del Estado.

Esto ha traído consigo la migración masiva de trabajadores públicos hacia el sector privado o informal de la economía, cuando no de la emigración forzada. En varias oportunidades, trabajadores de Hidrocapital, Corpoelec, los Ferroviarios e incluso los trabajadores petroleros han señalado la renuncia masiva del personal técnico y obrero, en otros casos como en la Policía o la Guardia Nacional, se dan deserciones.

Quienes se quedan, dejan sus trabajos regulados por la ley para ingresar en un mercado sin ningún tipo de regulación en el cual la precarización laboral es la norma. Hay quienes incluso se dedican a servir de maquilas modernas de empresas en el extranjero que contratan mano de obra barata pagando en dólares o con salarios dolarizados (en bolívares, pero tasados a dólar).

Esta situación ha conllevado al debilitamiento de las organizaciones sindicales y representativas de la clase trabajadora, lo que a su vez repercute en su capacidad para responder ante los ataques patronales. Han sido varios los casos de sindicatos que han quedado sin miembros de su junta directiva o han desaparecido, mientras, la burguesía arremete contra aquellos que manifiestan su descontento, se apoyan en inspectores del trabajo cómplices e incluso en las propias políticas entreguistas que adelanta el Ministerio del Trabajo.

Para muchos trabajadores, puede ser que los bonos del gobierno representen una ayuda, frente a la política de contención de salarios de la IV república, los bonos parecen el producto de un gobierno preocupado por su pueblo, sin embargo, un gobierno verdaderamente revolucionario debe echar mano de medidas que realmente resuelvan el problema económico, medidas como la expropiación de los responsables, el paso a mano de los trabajadores de los medios de producción, comenzando por aquellas empresas que siendo expropiadas permanecen en manos de los burócratas.

Nosotros no estamos en contra de las ayudas económicas, sin embargo, debemos señalar que, en cualquier país del mundo, los bonos de este tipo lo que representan es la incapacidad del capitalismo de garantizar el pleno empleo. En Venezuela, además de esto, representan un mecanismo clientelar que fortalece la cultura rentista y que socaba la moral de la clase trabajadora para la cual a veces es más lo que gasta en pasaje que sus ingresos salariales.

Esta situación debe acabar, pero para ello, la clase trabajadora debe ser consciente de sus intereses y trabajar en conjunto por ellos. Se trata de resistir, de defendernos pero dando golpes, enfrentando las medidas que en vez de empoderarnos buscan domesticarnos y doblegarnos.

Artículo de Lucha de Clases.

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